El extraño país en el que vivimos: Todo pasa y nada pasa.

por José Salcedo Martínez

 

Colombia es un país con una política muy dinámica que ha sufrido el azote de los diferentes males que han sido objeto de análisis de la Ciencia Política, desde las guerras civiles por el control del aparato estatal hasta los populismos y caudillismos más impresionantes.  El gobierno de Juan Manuel Santos ha demostrado que un discurso programatico, propocitivo construido tan debilmente ha sido un fracaso en muchas áreas al momento de administrar recursos o tomar decisiones planificadas, las cuales midan la relación costo beneficio. En este artículo me permito realizar algunas reflexiones sobre el devenir político, desde mi visión académica como politólogo en Formación,  sin dejar de incluir algunos juicios personales que están bien fundamentados.


Vivimos en un país donde las fantasías más inverosímiles se materializan, pero no solo esto sino que mutan en formas extrañas y degeneran en las más dañinas, ponzoñosas y perversas estructuras. Colombia es un país de contradicciones, un país donde conviven los sueños con las pesadillas, donde convive la más grande de las riquezas naturales, económicas y humanas junto a los más paupérrimos cinturones de miseria, condiciones de desigualdad y tasas de exclusión, que ponen a temblar a los expertos más versados en la materia. Un país que ha vivido el milagro económico de convertirse en uno de los líderes regionales en crecimiento económico pero que está sumergido en un conflicto armado de más de 60 años y que haya sectores que se oponga a una salida negociada a este. Un país donde la Izquierda es satanizada, considerados todos “mamertos” idealistas, revolucionarios que nada más se dedican a marchar, tirar piedras y papas bombas, pero a su vez ufanarnos de contar con un estatuto de Oposición que cobije a estos grupos minoritarios, o los mal llamados grupos opositores como el Centro Democrático que osa alzar su voz para decir que ellos son un partido de “derecha, conservador” en “oposición” al gobierno actual. Todo esto enmarcado en una de los episodios más dolorosos que hemos vivido que provocó la tipificación penal de un delito vergonzoso: el genocidio político. Aquí me refiero al exterminio sistemático de la UP, por parte de múltiples sectores del Estado, la extrema derecha, el narcotráfico y las FARC, tomando como casos emblemáticos los asesinatos del Senador Manuel José Cepeda, caso fallado contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el candidato Bernardo Jaramillo Ossa o la de Jaime Pardo Leal. Articuladas a esa celebre, por su crueldad, campaña presidencial de 1989 donde además fueron asesinados el candidato por la Alianza Democrática M-19, antiguo comandante de esta Guerrilla, Carlos Pizarro Leongómez, o el más significativo del candidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento en una plaza pública en Soacha, Cundinamarca.

Vivimos en un Estado donde su cúpula de gobierno se atreve a llamarse tecnócrata, pero creo que han olvidado el significado preciso, riguroso y correcto de esa acepción usada en el campo de los estudios sobre la administración estatal. Recordemos por allá en las primeras décadas del siglo XX, estaba en boga en el mundo en primera instancia los primeros modelos de Estados sociales de derechos: teniendo como experiencia  paradigmáticas y materializadas en una constitución el caso Mexicano, con la Constitución de Querétaro de 1917 y el caso Alemán con la triste pero celebre Constitución de Weimar, de inspiración socialdemócrata de 1919; estas dos constituciones sirvieron como modelo para la concepción de los derechos de segunda generación, o sociales, económicos y culturales, que fueron reconocidos gracias a las constantes y cruentas movilizaciones obreras ocurridas durante  el Siglo XIX en toda Europa. Derivado de esta nueva concepción de un Estado garantista del Mínimo vital y asistencialista surge el nuevo modelo Europeo del Estado de Bienestar, o Wohlfahrtsstaa. Esta concepción innovadora de administración estatal consistía en convertir al Estado en un benefactor que asistiera a las poblaciones vulnerables y subsidiara la alimentación, la vivienda, a los desempleados, la educación, el vestido, y demás necesidades de los asociados. Esto bajo el marco de una administración tecnócrata, léase este término como acepción de un experto que se especializa y realiza sus labores investigativas en una materia específica, y su consigna era “más administración y menos política.

El Señor Juanpa, como ya lo conoce tristemente el país entero, debería recordar este concepto de tecnocracia, porque tecnocracia no es nombrar a un ministro de Medio Ambiente que no sabe del tema, sino que su especialidad es la atención y el servicio al cliente. A una ministra del educación que enfoca sus esfuerzos en convertir la educación en todos los niveles, en especial la universitaria, en una extensión del SENA una educación enfocada al trabajo y a la competencia laboral mas no en la formación de profesionales con aptitudes y actitudes para la investigación, la innovación y el desarrollo integral de nuestro país. O un ministro de Salud que maneja esa cartera como si tuviera una farmacéutica, o peor aún una EPS, hablando de cifras económicas todo el tiempo muchas veces dejando de lado la importancia de la Salud pública y preventiva, recordando en esta materia al fallecido Héctor Abad Gómez que en su momento fue defensor de que eran necesarias estrategias de salud preventiva más que paliativas o de tratamiento individual porque así atacaríamos las causas estructurales del problema y mejoraríamos las condiciones de igualdad de la sociedad. O que contemos con un Departamento Nacional de Estadísticas , DANE, tristemente célebre por sus imprecisiones y la poca fiabilidad de sus cifras sobre desempleo, datos demográficos, entre otros más, por la necesidad que hay de mostrar resultados como dé lugar, dejando de lado la objetividad, maquillando cifras y escondiendo las no tan “bonitas” o las más feas de las cifras. Esta última idea retomada de una columna escrita por el Maestro Rodrigo Uprimny sobre la necesidad de repensar los organismos oficiales de Estadística en aras de un fortalecimiento democrático.

Vivimos en tiempos extraños en nuestro país donde la Educación Superior está en constante crisis porque las Universidades Públicas se encuentran en una injusta ley conocida como 550  y el gobierno presiona cada vez más para volverlas autónomas en su administración pero a la vez con su presupuesto. Generando así que las universidades públicas traten de ofrecer la mayor cantidad posible de servicios para financiarse, dejando a un lado, en la mayoría de los casos, la calidad educativa: esto demostrado en los rankings de Universidades en el país que demuestra que la Educación superior pública está en una tendencia regresiva hacia la muerte. ¿Dónde sacamos 12 billones para cubrir el Déficit existente? ¿Dónde sacamos más espacio para evitar el hacinamiento y la sobrepoblación estudiantil cuando quieren cada vez crearse más cupos con la misma cantidad de salones, capital humano, recursos académicos y presupuesto? ¿Cómo volvemos más democráticas las instancias de decisión en estas Universidades? Cómo evitamos la proliferación de Instituciones de educación superior de garaje, que venden los títulos al mejor postor y tienen el descaro de obtener acreditaciones de alta calidad?¿Cómo generamos alianzas entre el sector público y privado para generar estrategias de intercambio de experiencias académicas?; estas y muchas más preguntas salen a relucir ahora que nos enfrentamos ante un esperpento conocido como el “Acuerdo por lo Superior”, que en realidad son pañitos de agua tibia para resolver un problema que necesita ser intervenido desde las bases estructurales, hasta si es necesario elevar al rango de derecho fundamental el derecho a la Educación Superior, dejando atrás eso de que es un servicio social como aparece en la Ley general de Educación .

A  modo de conclusión quiero que recordemos que la única opción viable que encuentro a nuestra situación actual es generar un compromiso general, ciudadano y programático que permita la transformación de esas viejas maquinarias partidarias que tienen cooptadas las más altas instancias de la Cúpula de gobierno y los escenarios de toma de decisiones regionales, un caso concreto de esto son algunos senadores de la Costa Caribe que tienen reputaciones dudosas, nexos con grupos al margen de la ley y controlan con una sola mano el departamento de origen muchas veces utilizando sus fuerzas armadas privadas, su poderío económico, sus redes de tráfico de influencias o simplemente su carisma o el miedo que infunden en sus coetáneos. Necesitamos convertirnos en ciudadanos comprometidos con nuestro país: reflexivos, informados, debatientes, curiosos, amantes de la lectura, y que desde las diferentes disciplinas que hayamos escogidos desarrollemos un sentido social, tan escaso actualmente. Alcemos nuestra voz contra la inclusión, más nosotros como gente Caribe, que ha soportado tanto tiempo de que la administración centralista maneje los recursos con criterios que han promovido la exclusión, la desigualdad, un atraso, la proliferación de Bandas criminales y una calidad de vida muy por debajo de los estándares nacionales. ¡Pensemos en Región, pensemos Caribe! ¡Pensemos en  que un país diferente es posible, pensemos en una Colombia igualitaria!


Autor: José Salcedo Martínez

Estudiante de segundo semestre de Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Norte, Colombia

Contacto: josefernandosalcedo@hotmail.com, josesalcedomartinez@gmail.con

 


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