Esclavos de la moda

 

por Paula Roko

 

En su artículo 14 bis, la Constitución Nacional proclama los derechos del trabajador a condiciones dignas y equitativas, jornada limitada, retribución justa… De esta forma, quedan expresamente establecidas las condiciones básicas de las cuales debe gozar cualquier trabajador. Sin embargo, es violado sistemáticamente por numerosos empleadores. El poder económico de algunas compañías se ve reflejado en incumplimientos, no sólo a la Constitución Nacional, sino también a la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Una de ellas es Zara, marca multinacional que se abastece de prendas fabricadas por trabajadores esclavizados con jornadas de más de 12 horas, condiciones higiénicas paupérrimas, y una remuneración de $4 por prenda.

El ritmo vertiginoso de la moda ha revolucionado los hábitos de los consumidores. El “fast fashion” es una estrategia empresarial relativamente nueva que busca introducir colecciones de última tendencia, que han sido diseñadas y fabricadas de una forma rápida y barata. Una de las caras ocultas de este movimiento es el trabajo esclavo. En los últimos años, han aumentado considerablemente los talleres clandestinos que reúnen decenas de personas –y hasta familias enteras- que trabajan en la confección de indumentaria para grandes marcas. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Zara, una de las empresas textiles más grandes del mundo.

El imperio Zara

La empresa, que pertenece a un grupo multinacional de origen español llamado “Inditex”, ha crecido de forma imparable en los últimos años. Cuenta con más de 5.000 tiendas distribuidas por el mundo. El diseño y la rapidez son las singularidades de esta empresa, a la cual no parece haberle afectado la crisis económica española. En 2010 se situó como la tercera empresa con mayor valor en la Bolsa, detrás de Telefónica y Banco Santander.  El fundador de la empresa es Amancio Ortega, un hábil hombre de negocios. A sus 78 años, cuenta con la mayor fortuna de España y la cuarta del mundo, con 57.1 mil millones de dólares (según datos publicados por la revista Forbes, en marzo de este año).

Esta marca, que es reconocida en todo el mundo por sus prendas innovadoras y con estilo, es también una de las más denunciadas por trabajo esclavo. En lo que respecta a Argentina, la situación es harto vergonzosa.

El 26 de septiembre de 2013, el juez federal Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de 12 inmuebles vinculados a las marcas Zara, y otras dos empresas argentinas: “Ayres” y “Cara o Cruz”. Habían sido denunciadas en marzo y abril de ese mismo año por la Fundación La Alameda y la secretaría de Derechos Humanos de la CGT, luego de haber comprobado que en sus talleres ejercían trata de personas con fines de explotación laboral, reduciendo a la servidumbre a los empleados. Los allanamientos –realizados por efectivos de Gendarmería Nacional- se llevaron a cabo en once inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Allí fueron convocados el personal de la Dirección Nacional de Migraciones, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que había inspeccionado los talleres esclavos denunciados por La Alameda y CGT, y Asistencia a la Víctima de Ciudad y Nación.

La primer denuncia penal contra Zara fue presentada ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (UFASE), a cargo de Marcelo Colombo, actual titular de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex). La denuncia incluía testimonios y la grabación de una cámara oculta en donde aparecen tres talleres: uno en Cafayate al 1800, otro en Risso Patrón al 100 y un tercero en Bogotá al 3700. En esta presentación, Gustavo Vera (presidente de la “Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo”) y Julio Piumato (Secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo) explicaron cuáles eran las condiciones en las que trabajaban los costureros de estos talleres. “El mencionado taller de costura funcionaría como un clásico taller de sudor o “sweatshop” que trabajaría confeccionando prendas con materiales provistos por la firma Karina Kanaan S.R.L (…). Es decir que Karina Kanaan S.R.L. es la empresa que aparenta ser la que confecciona para importantes marcas pero en realidad ese trabajo es dado a un taller o talleres clandestinos para ser realizado”, expresan las primeras líneas de la denuncia. Allí también menciona que los trabajadores pueden trabajar durante el día y retirarse por las noches, o bien trabajar “cama adentro”, en cuyo caso deben pasar la noche en los talleres. Asimismo, recalca que trabajan alrededor de quince personas y que las jornadas laborales son de lunes a viernes, y los sábados hasta el mediodía. Dependiendo de si son empleados con retiro o no, la jornada de trabajo puede variar entre las doce horas y las catorce horas. “Los obreros trabajan a destajo y a razón de cuatro pesos ($4) la prenda. No se les requiere documentación para ser contratados. Se pudo comprobar que hay niños que allí habitan. Para poder entrar y salir del taller se requiere del permiso del encargado y se retiene en todos los casos los efectos personales del trabajador para asegurarse su retorno al establecimiento. Existe un estricto control de las entradas y salidas del inmueble”, continúa la denuncia. “Las condiciones de salubridad, higiene y seguridad en el trabajo son malas. El lugar de trabajo no está en condiciones de ser habilitado, la instalación eléctrica es muy precaria, de características volantes, no se observan matafuegos y hay gran acumulación de telas, productos terminados y restos de la producción, así como zapatillas colgando. Esto significa la existencia de un riesgo real de incendio (…). Agrava la situación de inseguridad del taller la circunstancia de que niños menores ingresan y salen del lugar de confección sin ningún tipo de control”. Al final del escrito destacan que es Karina Kannan S.R.L la intermediaria proveedora oficial de la firma Zara.

¿Qué sucedió luego del allanamiento de los doce inmuebles?

El caso quedó en manos de la Justicia. Sebastián Casanello, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, ordenó 16 allanamientos en oficinas de las firmas Zara, Ayres y la intermediaria Karina Kanaan. Ahora bien, ¿cómo siguió la causa? ¿Fueron sancionados los responsables?

En argentina rige la Ley 12.713 sobre trabajo a domicilio, cuyo artículo 4 establece la responsabilidad solidaria de empresarios, intermediarios y talleristas a los efectos del pago de salarios, de los accidentes de trabajo y de la dación continua de trabajo. Con esto queda claro que, ante un delito como el de trata de personas, son responsables todos los actores de la cadena comercial. Sin embargo, ya sea por la burocracia y extrema lentitud con la que avanza la Justicia, o por el poder económico de las empresas textiles y los acuerdos extrajudiciales a los que llegan, este tipo de causas no suelen prosperar. “Hasta ahora hubo un solo caso en el cual se dictó el auto de procesamiento para los dueños del taller, y además se citó a indagatoria a miembros de la sociedad. Fue el primer caso en el cual se citó a indagatoria a los responsables mayores por esto. Si ellos no compraran en esos talleres, los talleres no explotarían a los trabajadores”, sostiene Zaida Gatti, psicóloga y Coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación.

Efectivamente, en un hecho inédito, en diciembre del año pasado, los dueños de seis firmas de indumentaria fueron citados a prestar declaración indagatoria, acusados de constituir como parte de su cadena de producción tres talleres clandestinos donde eran explotados laboralmente como mano de obra esclava 57 inmigrantes bolivianos. En total eran nueve directivos y socios de las empresas, que comercializan distintas marcas. La citación fue firmada por Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4.

Contrariamente a lo que sucede con los dueños y directivos de las empresas textiles, los talleristas sí suelen ser procesados. “Lamentablemente es lo que terminan haciendo los juzgados en el corto tiempo”, reflexiona Lucas Manjón, miembro de la Fundación La Alameda, presente en los allanamientos de los talleres vinculados a Zara. “Los allanamientos de ese día fueron bastante desastrosos en cuanto al procedimiento. En un caso, por ejemplo, se allanó una escuela de danzas, en otro caso un departamento completamente deshabitado. Cuando se allanó la sede Karina Kanaan (intermediaria entre la empresa y el taller, también vinculada en la causa) en un momento la dueña empezó a pedir pizza, y los gendarmes comían pizza con los allanados. Como no querían cargar muchos bultos, no se llevaron algunas computadoras y algunas de las documentaciones -manifiesta con desazón-. La verdad es que la causa no avanzó. No hay una voluntad judicial fuerte, por el momento, de avanzar contra las marcas. Sí –en cambio- avanzan contra los talleristas”. En este sentido, y haciendo referencia a la Ley 12.713 sobre trabajo a domicilio,  Lucas Manjón explica que “Ni siquiera se necesita prueba de si hay o no voluntad de esclavizar. La ley dice que el dueño de la marca es responsable por toda la cadena de producción. Si yo denuncio un taller, donde se secuestran etiquetas originales de una marca, y se condena al tallerista, por decantación tengo que condenar a los dueños de la marca también. Pero hay una cuestión de relaciones con el poder muy grande”.

            “Hay muchísima cantidad de denuncias y muchísimas investigaciones. Es difícil hacer una investigación por trata laboral, mucho más difícil que una investigación por trata sexual, porque están menos expuestos. La investigación debe realizarse desde afuera. Hasta que no estás adentro del lugar no sabés con seguridad lo que tenés. En un prostíbulo se hacen pasar por clientes,  entran y pueden ver más fácil la situación, en la mayoría de los casos”, manifiesta la licenciada Zaida Gatti, quien además afirma que si bien las denuncias suelen prosperar, todavía no hay muchos juicios por trata con fines de explotación sexual, ya que es un delito difícil de configurar. Una particularidad que vuelve los casos aún más complejos es que aquellos que llegan a la etapa de juicio oral se rigen por la ley anterior de trata (Ley 26.364), que requiere que se acrediten los medios cognitivos para demostrar que el delito realmente se cometió, lo cual muchas veces se torna sumamente complicado. “Como las víctimas de trata laboral cobran algo de dinero, muchas veces consideran que esto es lo que les correspondía, que les iban a pagar en algún momento” -aclara Gatti-. Esto sucedía hasta hace un año y medio atrás, ahora ya van a empezar a llegar, porque tenemos la modificación de la ley a fines del 2012 (Ley 26.842). Esto va a facilitar que muchas causas lleguen más fácilmente al juicio oral. En porcentaje hay 90 juicios por trata sexual, y 5 por trata laboral, con condenas mínimas”.

            Tanto desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (específicamente la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata), como desde la principal organización no gubernamental dedicada a la eliminación del trabajo esclavo (Fundación La Alameda), aseguran que la situación en los talleres sigue siendo la misma. Lucas Manjón asegura que “Zara ha pedido varias reuniones con La Alameda para tratar de solucionar el conflicto, y la respuesta fue que la única forma de conversar con ellos sería después de que se auditen bajo un plan del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), cuando toda su cadena de producción esté garantizada”.

 

Panorama actual del trabajo esclavo en Argentina

De acuerdo a un informe sobre el tratamiento judicial de casos de trata laboral en Argentina en el fuero federal, publicado este año por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX, organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal), la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos son los lugares con mayor densidad de casos. Por otro lado, un estudio realizado por la Fundación ProTejer sobre la industria textil y en particular sobre el funcionamiento de talleres clandestinos  indica que estas industrias se concentran mayoritariamente en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el sur y sur oeste del primer cordón del conurbano bonaerense (La Matanza y Lomas de Zamora), nutriéndose de trabajadores migrantes de Bolivia, en casas particulares que se adaptan para el trabajo, con un espacio para vivienda de los trabajadores.

El informe de PROTEX analiza el tratamiento judicial que se le otorgó a los primeros 71 casos de trata de personas en los que la Justicia encontró elementos suficientes para afirmar la probabilidad de que el hecho ocurrió y de que es atribuible a una persona o grupo de personas. De allí surgió que un 70% de las víctimas eran de nacionalidad extranjera y que los damnificados argentinos provenían de provincias o regiones distintas al lugar en donde se concretó la explotación. El 60% de las víctimas eran hombres y el 40% restante, mujeres. La víctima de trata laboral es, casi por regla general, un trabajador migrante, que pertenece a un movimiento de trabajadores que año a año se desplazan desde su ciudad y país de origen hacia un lugar en el que las condiciones socioeconómicas son favorables en relación a las de su país o ciudad de origen. El 76.7% de las víctimas eran mayores de edad, el 15.3% menores de edad, y de un 7.9% se desconoce, ya que no surge del expediente judicial.

La coordinadora del Programa de Rescate y Acompañamiento a las             Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, explica que el promedio de desmantelamientos de talleres es de uno por día, y muchas veces hay lugares que se allanan todos juntos, en el mismo predio (allí donde hay varios pisos que pertenecen a los mismos dueños y son parte del mismo taller). En otros casos, son casas más pequeñas que están escondidas y a la vista, al mismo tiempo. “Están escondidos en tanto que suelen ser casas particulares con un pasillo al fondo, y están atrás de todo y nadie los ve; y a la vista de todos, porque algunos son en calles muy conocidas, a media cuadra de importantes avenidas y locales, donde pasan millones de personas”, agrega Zaida Gatti.

Por otro lado, Lucas Manjón, miembro de La Alameda, revela: “En Capital Federal el registro que llevamos es que hay una situación de unos 3000 talleres clandestinos. En esos talleres podés encontrar un número que arranca en un piso de 4 personas y que llega a talleres con 20 personas”. Además, cuenta que alrededor del primer cordón del conurbano hay unos 30.000 talleres que dan abastecimiento a las grandes marcas y a La Salada.

Denuncia realizada por la Fundación La Alameda:


Autora: Paula Roko

Periodista egresada de TEA. Estudiante de Abogacía en la Universidad de Palermo. Ayudante de cátedra de la materia Derecho Penal I en dicha institución.

Contacto: paularoko@hotmail.com

Twitter: @paulaaroko


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