LA PAZ EN COLOMBIA

 

MÁS QUE UNA FIRMA, UN CAMBIO ESTRUCTURAL

 

por Andrés Sebastián Gómez Polanco

 

La presente investigación aborda las causas originarias que permitieron la emanación del conflicto armado interno en Colombia y a partir de su identificación la necesidad de establecer en las actuales negociones de la Habana soluciones de fondo que posibiliten la consecución de un paz justa, estable y duradera  para evitar repetir los fracasos como fueron el proceso de negociación fallido con las FARC en 1998 y el acuerdo logrado con los paramilitares en el 2003, de los cuales se hace una comparación con el actual proceso negociador. Para el cumplimiento de estos objetivos la presente investigación argumenta que las causas originarias del conflicto interno colombiano descansan en la histórica desigualad socioeconómica y la exclusión en la participación política de amplios sectores de la sociedad, por ende los cambios estructurales que deben ser acordados para finalizar el conflicto requieren el establecimiento de un posconflicto que elimine las condiciones objetivas que viabilizaron la emergencia de la violencia política a través de la democratización política y económica del sistema social colombiano.

Introducción

Colombia a lo largo de su historia como nación se ha caracterizado por la utilización de la violencia como forma de obtención, regulación, conservación y acrecentamiento del poder político y económico entre las elites y la sociedad civil; instaurando de esta manera un sistema sociopolítico y económico donde la violencia armada ha sido el principal método de interacción política y social para resolver los conflictos de poder. Este proceso sistemático de violencia política ha generado innumerables problemas estructurales de carácter multidimensional en la vida social colombiana tanto en términos económicos por medio de la pobreza e improductividad; en términos sociales a través de la exclusión, marginalización e inequidad, y en términos políticos a través de la emanación de una democracia frágil en términos de institucionalidad, pluralismo, transparencia y participación ciudadana.

Igualmente, la violencia como forma de hacer política, buscar reivindicaciones, mantener el status quo y hacer transformaciones sociales en Colombia no es un fenómeno sociopolítico exclusivo de la época de las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes, el gobierno y las Fuerzas Armadas; sino que tiene raíces más profundas como forma de dilucidar las controversias por el poder político y económico que se remontan a la época bipartidista, tal como lo señala Lilian Yaffe “Los orígenes de la actual insurgencia se remontan al periodo conocido como “La Violencia”, una guerra civil que tuvo lugar entre 1946 y 1966, durante esta etapa sangrienta el país estuvo radicalmente dividido en su apoyo a los partidos Liberal y Conservador, este periodo dejó más de 250 000 víctimas”[1].

Si bien es cierto, como se ha hecho referencia, la violencia ha sido históricamente la forma preponderante de interacción política en la sociedad colombiana, la presente investigación se centrará en el estudio específicamente del conflicto armado interno que inicia en 1964 con la fundación de Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y que se prolonga hasta la actualidad en una circunstancia especial debido a que el Estado colombiano representado por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se encuentra en un proceso de negociaciones de paz con las FARC, en la Habana-Cuba, desde Octubre del 2012. Por consiguiente, debido al debate tanto nacional como internacional en cuanto a la categorización o no del caso colombiano como conflicto armado interno, guerra civil, simple terrorismo o violencia derivada del fenómeno del narcotráfico la presente investigación considera que Colombia atraviesa un conflicto armado interno debido a que las condiciones objetivas del caso se ajustan a las especificaciones teóricas de la mencionada categoría de violencia tal como lo Monica Duffy Toft existen cinco parámetros para que un caso de violencia sea categorizado como un conflicto armado interno “(1) la esencia del conflicto debe enfocarse en la pretensión de uno de los grupos en conflicto por dominar la unidad política, (2) debe haber al menos dos grupos de combatientes organizados, (3) uno de los combatientes debe ser un Estado reconocido internacionalmente, (4) debe haber al menos 1000 muertos en combates al año en promedio y (5) el conflicto tuvo que haberse iniciado dentro de las fronteras de un Estado reconocido internacionalmente”[2]. Por tal razón, el caso Colombiano al ser una confrontación armada que lleva más de 50 años entre diversas guerrillas FARC, ELN (Ejército de Liberación Nacional), M-19, EPL, Quintín Lame (estos últimos tres grupos guerrilleros ya desmovilizados), paramilitares AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, mayoritariamente desmovilizadas) y el Estado colombiano con el objetivo de subvertir el régimen político y económico vigente en pos de la instauración de una nueva hegemonía por medio de la revolución y la toma del poder por las armas. Dado que los actores del conflicto, salvo el Estado, son grupos armados ilegales organizados que como las FARC poseen control territorial sobre ciertas regiones fronterizas del territorio y que este conflicto a lo largo de las 5 décadas en las que se ha prolongado ha ocasionado mas de 220.000 víctimas cumple todos los paramentos teóricos para ser considerado un conflicto armado interno, tal como el propio Presidente Juan Manuel Santos lo ha reconocido.

De la misma manera la presente investigación más allá de sus objetivos académicos anteriormente explicados tiene una relevancia en parámetros humanitarios ya que a través del debate argumentado del conflicto armado interno se pretende visibilizar el drama humano y el sufrimiento de todo un pueblo que requiere de una solución política negociada para la terminación eficaz y duradera de un conflicto que solo ha causado una vorágine de muerte por más de 50 años. Como lo fundamenta el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe del 2013 sobre Las víctimas del conflicto Armado “220.000 personas han sido asesinadas, 25.007 desaparecidas, 5.712.506 desplazados, 16.340 asesinatos selectivos, 1.982 masacres, 27.023 secuestrados, 1.754 víctimas de violencia sexual, 6.421 casos de reclutamiento forzado. De esta vorágine de irrespeto a los elementales derechos humanos se calcula que de las 1.900 masacres, 1.166 fueron responsabilidad de los paramilitares, 343 de los grupos guerrilleros, 295 de grupos desconocidos y 158 de la Fuerza Pública, además de 20 cometidas por grupos conjuntos entre paras y agentes del Estado. Además la dinámica del conflicto interno colombiano ha generado 400.000 refugiados quienes en su mayoría huyen a países vecinos como Ecuador (56.000), Costa Rica (3.000), Venezuela (12.000) y Panamá (1.200)”.[3]

Por consiguiente, esta investigación tiene 3 preguntas centrales que esperan ser respondidas las cuales son: En primer lugar ¿Cuáles fueron las causas estructurales que permitieron la emanación de un conflicto armado interno en Colombia?, en segundo lugar ¿Cuáles son los principales cambios estructurales que las actuales negociaciones de paz entre las  FARC y el Estado colombiano deben acordar para construir una paz justa y duradera?, y en tercer lugar ¿Qué lecciones se desprenden de la comparación del actual proceso de negociaciones frente a las negociaciones del Caguan y de Santa Fe de Ralito, en pos de la consecución de un Acuerdo de paz justo, duradero y eficaz?

 La respuesta a estas preguntas de investigación se resumen en una tesis integral bajo la cual se estructurará la presente investigación y la cual será el hilo conductor del debate teórico que se desarrollará, la cual consiste en: El conflicto armado interno en Colombia tiene como sus causas originarias de emanación tanto la desigualdad, pobreza y marginalización de grandes sectores de la población; como la exclusión política a través de la instauración de una democracia de elites históricamente excluyente y la debilidad histórica del Estado colombiano para hacer presencia en la integralidad del territorio colombiano monopolizando el uso legítimo de la fuerza haciendo de esta manera que grupos armados ilegales utilicen la violencia política como forma de resolver los conflictos de poder. Por lo cual, las presentes negociaciones entre las FARC y el Estado deberían enfocarse en acordar soluciones de fondo para las condiciones estructurales de injusticia que viabilizaron la emanación del conflicto interno a través de un proceso de democratización tanto en términos de participación política e igualdad de oportunidades y la total presencia institucional del Estado en el territorio. Además las lecciones que el actual proceso de negociación con las FARC en la Habana puede obtener en su comparación con los procesos del Caguan y Santa Fe de Ralito son la necesidad de un Estado fuerte y legítimo para tener mayor peso y poder en la mesa de negociaciones, la preeminencia que deben tener las víctimas del conflicto en la búsqueda de la paz, el tratamiento de los problemas causales del conflicto para la configuración de soluciones estructurales y que la firma de la paz y el cese de hostilidades no garantiza la consecución de una paz integral sino que esta radica en el desarrollo del posconflicto.

A continuación para el desarrollo sistémico de la presente investigación se procederá en primer lugar a realizar una revisión de la literatura sobre lo que otros autores han escrito sobre las causas del conflicto armado en Colombia, en segundo lugar se realizará el marco teórico y la metodología que viabilizarán la tesis anteriormente expuesta en cuanto a las causas estructurales del conflicto armado interno y las posibles soluciones que debe abordar la negociación actual, así como los parámetros ideales para que un proceso de negociación de paz sea exitoso que será empleado en la comparación entre el proceso de paz vigente frente a los procesos con las FARC en 1998 y con los paramilitares en el 2002. En tercer lugar, se procederá al análisis y a los resultados en base al marco teórico desarrollado sobre el caso colombiano en concreto y finalmente se desarrollarán las conclusiones y las implicaciones del estudio.

Revisión de la Literatura

Una de las perspectivas teóricas más utilizadas para abordar explicativamente las causas del conflicto armado interno en Colombia es aquella relacionada a la escuela del “grievance” centrada en el resentimiento, desigualdad e injusticia la cual según Lilian Yaffe “vincula el conflicto con las desigualdades socioeconómicas, la exclusión de ciertas regiones, la discriminación de ciertos sectores de la población, etc. En conclusión enfatiza la importancia de los resentimientos e injusticias sociales y económicas como causas de conflictos violentos”[4]. Dentro de este paradigma se encuentran Ballentine y Nitzschke (2003) quienes aseveran que en el caso colombiano al ser un país en vías de desarrollo la pugna por el acceso a recursos económicos y los resentimientos generados por la mala administración y redistribución de dichos recursos género que grandes sectores de la población especialmente de las zonas rurales utilicen la confrontación armada como vehículo político para la realización de cambios económicos y sociales reivindicativos[5]. Igualmente, Salomón Kalmanovitz y Enrique López (2005) enfatizan la trascendencia de la marcada e histórica mala distribución de la riqueza en Colombia, especialmente en lo concerniente a la propiedad de la tierra, lo cual ha tenido como consecuencia la marginación sistemática de la mayoría de la población a condiciones de vida sumergidas en la pobreza y la miseria, condiciones que han generado el terreno propicio para que la violencia armada sea vista como la única forma posible de cambio y transformación social[6]. De la misma manera Mariela Márquez (2009) señala que el conflicto colombiano tiene su origen en las desigualdades socioeconómicas forjadas por la monopolización de los factores productivos y los centros de riqueza por parte de las elites partidarias, industriales, los terratenientes y el empresariado local y extranjero, lo cual tuvo como consecuencia el posicionamiento de la opción armada insurgente como camino político para la construcción de justicia social desde el poder[7].

Igualmente, Absalón Machado (2012) asevera que la causa originaria del conflicto armado interno en Colombia se debe sustancialmente a la ausencia histórica de una reforma agraria en el país sudamericano que permita la redistribución equitativa de la tierra como factor productivo de más de 15 millones de campesinos, que ante la imposibilidad de optar por tal redistribución por caminos institucionales y legales optaron por ejercer el uso de la violencia como medio político para la generación de justicia ante la pasividad del Estado frente a los abusos de grandes terratenientes, latifundistas, narcotraficantes y empresas multinacionales[8].

Por otro lado, existe otra escuela de pensamiento sobre los orígenes de los conflictos armados internos, la cual es la perspectiva del “greed” o basada en la codicia que según Lilian Yaffe consiste en “la significación o el realce del papel de los incentivos financieros para fomentar la rebelión, este paradigma hace énfasis en los efectos de las rentas públicas y los recursos naturales, argumentando que estos juegan un papel fundamental en desencadenar y sostener la violencia política”[9]. En el caso colombiano existe un sinnúmero de autores que sostienen que el conflicto armado interno tiene su origen y perdurabilidad en los incentivos que ciertos grupos armados ilegales tienen para mantener un determinado control territorial sobre ciertas regiones del país para capturar por medio del uso de la fuerza ilegítima cierto tipo de recursos naturales tanto en producción/explotación como comercialización y distribución ya sea de cocaína, minería ilegal, petróleo, tierras o captura de renta pública a través de extorsiones, secuestro, cobro de tributos, entre otras prácticas criminales.

Según Carlos Mario Gómez (2001), la desigualdad económica como causa originaria del conflicto armado interno en Colombia no muestra una relación de causalidad directa con la violencia política debido a que países con parámetros similares tanto en términos de pobreza, distribución de la riqueza e índices de desigualdad social no han experimentado necesariamente el aparecimiento de insurgencia armada, por ende su tesis se centra en considerar que los grupos armados ilegales colombianos han surgido y se han mantenido en el tiempo según los fenómenos económicos legales e ilegales experimentados por la economía del país para su captura a través del uso de la fuerza ilegítima organizada bien sea café, cocaína, minería o petróleo[10]. De la misma manera Fabio Sánchez (2007) plantea que las áreas ricas en recursos primarios exportables se han convertido históricamente en puntos focales de confrontación armada en Colombia ya que los grupos armados ilegales tienen como objetivo superior para la captura de dicha renta la apropiación y el control del territorio frente a otros grupos armados ilegales que quieren usufructuar de tales recursos y frente al Estado que los controla de manera superficial, generándose de esta forma una vorágine de violencia en zonas territoriales lucrativas que dan como resultado la aparición del conflicto armado interno colombiano[11].

Igualmente, Oeindrila Dube y Juan F. Vargas (2006) consideran que el conflicto interno colombiano tiene como causa primigenia la captura de factores de renta por parte de grupos armados ilegales a través de métodos violentos y criminales de control territorial debido a que según estudios estadísticos existe una relación directa de causalidad entre el aumento de los precios internacionales de productos como el café, petróleo, cocaína y minerales y el crecimiento de la violencia en municipios determinados del país que producen o exportan dichos recursos; por tanto los grupos ilegales ejercen la violencia en consonancia con el aparecimiento de recursos saqueables en diferentes zonas geográficas del país más allá de las condiciones de desigualdad, pobreza o marginación que experimenten dichas zonas[12].

 

Otra de las perspectivas empleadas para explicar el origen de los conflictos armados internos es el paradigma ligado a los factores institucionales, es decir aquellos que hablan sobre la debilidad estatal como fenómeno causal de los conflictos internos que según Lilian Yaffe “las medidas de capacidad y fortaleza institucional son robustos pronosticadores de guerra civil, el conflicto armado es engendrado por gobiernos centrales débiles y por condiciones sociales que favorecen la insurgencia. Los gobiernos que son financiera, organizacional y políticamente débiles hacen que la insurgencia resulte más atractiva y factible, a causa de la corrupción y de la ineptitud de las prácticas contrainsurgentes”[13]. En el caso específico colombiano este paradigma es uno de los que genera más consenso para explicar el origen del conflicto armado interno, esto se debe a la histórica debilidad institucional del Estado para estar presente en la integralidad del territorio nacional, ejercer el monopolio exclusivo del uso de la fuerza legítima, ser el único ente institucional que administre justicia y recobre tributos de manera legal. Además el Estado colombiano se ha caracterizado por no prestar servicios básicos como educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, infraestructura, control territorial y garantizar el ejercicio de derechos tanto individuales como colectivos en amplios sectores rurales del país, espacio que ha sido copado por los grupos armados ilegales.

 

Según Rodrigo Uprimny (2001) la precariedad estatal en sus diversas manifestaciones ha sido la causa fundamental para la emanación del conflicto interno colombiano porque al existir un vacío de poder en amplios sectores rurales del país la ciudadanía no podía zanjar sus controversias o exigir reformas de carácter económico, social o político por caminos institucionales, por ende la emergencia de grupos irregulares reemplazó al Estado como ente de poder, orden y reivindicación en los territorios rurales[14]. Igualmente, Jorge Restrepo y David  Aponte (2009) señalan que la precariedad y debilidad institucional del Estado en ciertos territorios de la geografía colombiana es una de las razones fundamentales del origen del conflicto, así como de su perdurabilidad con el pasar de los años, ya que más allá de dejar un vacío de poder y de no garantizar el monopolio legítimo del uso de la fuerza la no presencia institucionalizada y constante del Estado en ciertos territorios generó una histórica exclusión  de la institucionalidad a amplios sectores de la población que como resultado vieron vulnerados sus derechos, prerrogativas y garantías como ciudadanos colombianos abriendo el camino a la opción de la insurgencia armada como medio de reivindicación no solo de la pobreza y miseria producto del abandono estatal, sino del sentido de pertenencia a una organización colectiva[15].

 

De la misma manera Jenifer Holmes, Sheila Amin Gutiérrez de Piñeres y Kevin Curtin (2006) aseveran que debido a las dificultades geográficas Colombia como país nunca ha poseído una presencia institucional integral del Estado de manera uniforme y permanente por lo cual el Estado de derecho, el imperio de la ley y la legitimidad del poder estatal nunca han sido desarrollados por amplios sectores poblacionales generalmente en zonas rurales a lo largo de la vida republicana colombiana, haciendo de esta manera que grupos armados ilegales configuren una legitimidad a través de un poder no institucionalizado centralizado en el uso de la coacción armada, tal es así que la única presencia constante en dichos territorios del Estado ha sido la fumigación de cultivos ilícitos[16]. Además Marc Chernick (2008) asegura que la paz en Colombia solo puede hacerse efectiva solucionando el problema causal del conflicto armado interno que no es otro que la debilidad institucional del Estado mediante la construcción progresiva y gradual de la presencia institucionalizada y permanente del poder estatal en sus diversas manifestaciones en la integralidad del territorio colombiano para que ejecute dos acciones determinantes, por un lado la creación de un régimen político más incluyente y la generación de oportunidades para todos, acciones que solo pueden llevarse a cabo con la existencia de un Estado fuerte y eficaz[17].

 

Marco Teórico y Metodología

 

En la presente sección se procederá a defender teóricamente la pertinencia de la escuela del “grievance” para explicar las causas originarias de los conflictos armados, después se argumentará la necesidad de establecer cambios estructurales en un proceso de negociación para alcanzar una paz justa y duradera a través de una democratización en términos de participación política e igualdad de oportunidades y la total presencia institucional del Estado en el territorio. Finalmente, se establecerán pautas ideales para la realización de un proceso de negociación de paz eficaz que servirán para una posterior comparación; cabe resaltar que a pesar de que la discusión teórica es en términos generales el marco teórico indudablemente está en compaginación con las particularidades del caso colombiano.

Existen diversas escuelas que tratan sobre las razones y causas que ocasionan la emanación de conflictos armados internos con diversas explicaciones y fundamentos; sin embargo la presente investigación considera que la escuela del “grievance” es la que más se ajusta para explicar las razones primigenias estratégicas que desatan conflictos internos solventados por la violencia. Por ende, según Caroline Hartzell, Matthew Hoddie y Donald Rothchild “la acumulación de los efectos de la pobreza, el desempleo, las presiones por la inequitativa distribución de la tierra, una inadecuada recaudación tributaria, la deficiencia en la cobertura y calidad de derechos y servicios básicos como la educación y la salud, y la incapacidad del Estado para regular y controlar de manera individual y colectiva el orden social crean escenarios propensos para el advenimiento de insurgencia armada como mecanismo políticos de subvertir el régimen de opresión existente”[18]. Es decir cuando existen las condiciones objetivas en términos de exclusión y marginalización económica, desigualdades sociales y monopolización de los factores de producción por parte de minorías; la redistribución y generación de la riqueza va a estar sistemáticamente reducida al grupo que ejercer el control total y cerrado de las esferas de poder político y económico, teniendo como consecuencia la generación de un sentimiento colectivo de resentimiento social de amplios sectores de la sociedad que al ser excluidos observarán la insurgencia armada como un mecanismo posible para realizar transformaciones sociales.

Igualmente, la instrumentalización del Estado por parte de elites es una causa fundamental para la emanación de conflictos armados internos debido a que en sociedades donde la pobreza y la marginalidad son masivas y la participación política limitada el Estado es el ente institucional encargado de regular, limitar, reivindicar y transformar los conflictos sociales; por lo cual cuando este es cooptado por elites que impiden su funcionalidad natural los caminos legales, institucionales y pacíficos para el cambio social son cerrados dejando a la vía armada como la opción factible. Así lo señalan los mismos autores “cuando el Estado es dominado por un solo grupo o por una colación de grupos y actúa agresivamente en función de esos intereses particulares la consecuencia lógica es la exclusión de grandes capas de la sociedad y la utilización de la maquinaria estatal como arma de contención a los reclamos sociales a través de la represión y persecución política, policial y militar”[19].

Los conflictos armados internos dentro del paradigma de la escuela del “grievance” tienen como causa de origen la generación de un sentimiento de injusticia y resentimiento colectivo que es el resultado de la existencia de diversas condiciones objetivas como la pobreza, las desigualdades, el control de las elites del Estado, la debilidad estatal para generar cambios sociales pacíficos, la exclusión política, la represión y persecución, tales condiciones objetivas generan un ambiente en el cual la insurgencia armada es la alternativa más atractiva y viable para realizar cambios en el sistema de poder. Según Dan Smith “las condiciones de pobreza económica son las principales causas de los conflictos armados intraestatales duraderos en la actualidad, los sistemas políticos excluyentes y represivos también son propensos a generar guerras internas y la degradación de recursos naturales como la mala distribución de la tierra o demás factores productivos pueden contribuir de manera significativa a la probabilidad de conflictos violentos”[20]. Por consiguiente, la escuela del “grievance” no se centra en encontrar explicaciones unilaterales y simples con respecto a las causas que originan los conflictos armados internos bien sean estos económicos, políticos, sociales o institucionales; sino en la conjugación, complementación y retroalimentación de todas las variables precedentes para dar una razón explicativa integral en cuanto a la aparición de conflictos armados intraestatales.

Es por ello que se utilizará la tipología cuatripartita de Dessler con cambios de terminología y modificaciones de contenido desarrolladas por Dan Smith como método para identificar las causas del advenimiento de conflictos internos según los parámetros de la escuela del “grievance”. Esta metodología está compuesta por cuatro aristas estratégicas que son: “(1) Causas de Fondo: Son las fundamentales diferencias políticas, sociales y económicas que existen a nivel grupo. Se trata de diferencias tales como la exclusión de ciertos grupos del poder, el favorecer sistemáticamente a otros grupos, los desniveles económicos regionales. (2) La estrategia de movilización: Son tanto los objetivos de los principales protagonistas políticos como la manera en la cual buscan obtener dichos objetivos. En otras palabras, se aborda toda la gama del comportamiento político, incluyendo como se conceptualizan los grandes temas álgidos, por ende se indaga las causas por las que la gente combate y como ellos mismos comprenden su causa. (3) Los factores desencadenantes: Son elementos que afectan los plazos del comienzo del conflicto armado. Frecuentemente se trata de acontecimientos o acciones realizadas por protagonistas importantes. (4) Los catalizadores: Son factores que afectan la intensidad y la duración del conflicto pueden ser de tipo interno, externo, pueden incluir asuntos tácticos, elementos materiales o culturales”[21].

A continuación se procederá a realizar el sustento teórico en cuanto a la necesidad de establecer cambios estructurales en un proceso de negociación para alcanzar una paz justa y duradera a través de una democratización en términos de participación política e igualdad de oportunidades y la total presencia institucional del Estado en el territorio.

Un acuerdo de paz negociado para poner fin a un conflicto interno armado es ante todo la búsqueda consensuada de una solución política entre las partes involucradas para viabilizar las medidas necesarias y estructurales que permitan generar las condiciones para una paz justa, estable y duradera que evite el restablecimiento del conflicto. Por ende, es de suma importancia que en las negociaciones de paz se aborden de manera clara y concreta las condiciones objetivas que dieron paso a la emanación del conflicto y no solo se acuerde una firma de paz que ponga fin a las hostilidades, sino una paz integral que profundice las soluciones en la construcción de las bases del posconflicto. Por ende, según las condiciones objetivas originarias de un conflicto armado interno establecidas por la escuela del “grievance”  es fundamental el establecimiento de una democratización política para desterrar democracias elitistas históricamente excluyentes que evitan, obstaculizan y segregan el pluralismo, la participación política ciudadana incluyente y la transparencia a través de acuerdos que permitan la redistribución del poder de manera institucionalizada como lo establece Caroline Hartzell y Matthew Hoddie “las medidas institucionales que se acuerden para la redistribución del poder se sustentan en que la nueva institucionalidad democrática creará un marco de seguridad para las partes que garantice su reinserción en la vida política y la apertura del sistema político, haciendo de esta forma menos propenso el restablecimiento del uso de las armas como forma de hacer política o buscar reivindicaciones”[22].

De la misma manera la democratización política alcanzada por medio de un acuerdo negociado requiere según Caroline Hartzell y Matthew Hoddie de “ el consenso en la generación de las nuevas reglas políticas de convivencia que sean aceptadas y respetadas por ambas partes debido a que existe una desconfianza inherente por parte de los grupos armados ilegales en desmovilizarse y desarmarse sino se logran concesiones reciprocas que impidan que la parte contraria consiga la hegemonía o victoria de sus intereses que no pudieron ser obtenidos en el desarrollo del conflicto armado interno”[23]. Por ende, es determinante para la democratización política institucionalizada la creación de mecanismos (nuevas reglas) de participación y decisión política incluyentes por ejemplo a través de la creación de métodos de participación ciudadana masivos, accountability, nuevas reglas electorales, entre otros.

La transformación de una democracia históricamente excluyente y elitista hacia una democracia plural, participativa e incluyente mediante un acuerdo de paz negociado requiere necesariamente un rediseño institucional de los puntos críticos que impiden dicho proceso de democratización, así lo aseguran Macartan Humphreys y Jeremy Weinstein “el rediseño institucional en un acuerdo de paz genera canales de credibilidad y legitimidad mediante los cuales las partes acuerdan reglas y procedimientos de interacción política y se comprometen a la participación en dichas instituciones lo cual reduce la desconfianza del estado anterior al acuerdo, por ejemplo el rediseño institucional puede incluir la integración de los miembros de los grupos armados ilegales al ejercito formal, la presencia temporal de la insurgencia en determinados territorios o el control transitorio mutuo de la coacción armada”[24].

Por otro lado, la construcción de un posconflicto eficaz que viabilice la paz a través de un acuerdo negociado necesita la configuración de la presencia institucional del Estado en la integralidad territorial de un país debido a que al terminarse un conflicto armado interno la disputa por el control del poder y la transformación del Estado debe terminar en la consolidación de una presencia institucional estatal que además de garantizar la inclusión, el pluralismo y la participación tenga presencia efectiva para garantizar tales condiciones en las zonas de conflicto. Además es fundamental que dicha consolidación estatal se refleje vivencialmente en la ejecución de las funciones estatales como son garantizar la vigencia de los derechos individuales y colectivos, la prestación de servicios públicos, la seguridad, la regulación y el control a través de la legalidad y las instituciones democráticas. Tal como lo señalan Kjell Kjellman y Kristian Harpviken “la construcción de la paz después de la finalización de un conflicto armado interno requiere del fortalecimiento y consolidación de la institucionalidad democrática estatal para además de generar un orden social en la integralidad del territorio, viabilizar el surgimiento de una sociedad civil participativa y protagónica en la construcción de la paz”[25].

Otro de los cambios estructurales que debe ser abordado en procesos de negociación en búsqueda de la paz para conflictos armados internos es necesariamente la democratización económica debido a que siguiendo la lógica de la escuela del “grievance” una de las condiciones objetivas generadoras de la violencia política es el resentimiento que amplios sectores de la población poseen al encontrarse en una situación de marginalización, pobreza, desigualdad e inequidad en la distribución de los recursos frente a minorías que monopolizan el poder económico y las posibilidades de movilización social. Por ende, la democratización económica entendida como el compromiso político de generar las condiciones para el establecimiento gradual y progresivo de igualdad de oportunidades entre la población, especialmente focalizado en los sectores vulnerables, es una medida imprescindible para erradicar una de las condiciones objetivas que hicieron posible la emanación del conflicto.

Según Héctor Galindo, Jorge Restrepo, y Fabio Sánchez “la pobreza alimenta el conflicto en la medida en que las menores oportunidades para los más pobres los llevan a asumir conductas de mayor riesgo, siendo además las instituciones menos capaces de resolver las disputas de manera pacífica. El Estado se involucra, entonces, en el conflicto, pudiendo además ser capturado por los grupos en disputa a nivel nacional y regional, lo que lo lleva a actuar en contra de su propia naturaleza, fallando en su función de proteger a las personas y las comunidades y siendo parte del conflicto que él debe prevenir”[26]. En otras palabras, la pobreza y el abandono del Estado como causas estructurales de la violencia política involucran y afectan directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo cual la solución al proceso de violencia sistemática es la superación de las condiciones de pobreza a través del liderazgo del nuevo Estado con su rediseño institucional más inclusivo no solo en términos políticos sino económicos y sociales.

Igualmente, la implantación de un sistema social donde prime la igualdad de oportunidades para todos requiere que el Estado y la sociedad civil garanticen la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos de toda la sociedad, pero especialmente de aquellos que han sido históricamente excluidos. De igual modo se necesita la democratización en el acceso a los mecanismos de producción que faciliten la movilización social, razón principal para el alzamiento en armas contra el orden constituido, por lo cual facilitar el acceso a tierras, servicios públicos, factores productivos, infraestructura y tecnología es irremplazable en la búsqueda de la paz en sociedades altamente excluyentes, así lo aseguran los autores anteriormente referidos “un conflicto armado motivado por la pobreza se caracteriza por la provisión de bienes públicos –principalmente educación y salud– sólo para los grupos sociales conectados con las élites en el poder. Además, la falta de mecanismos democráticos de tenencia de la tierra y de riqueza económica inhibe la competencia, la inversión y la innovación, lo que finalmente termina estancando el desarrollo económico de largo plazo”[27].

A continuación se procederá a argumentar teóricamente ciertas pautas ideales para la realización de un proceso de negociación de paz eficaz y perdurable que posteriormente serán utilizadas para la comparación del actual proceso de paz que lidera el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC tanto con el proceso de negociación del Caguan (FARC) como con el proceso de Santa Fe de Ralito (AUC).

En primer lugar es de trascendental importancia destacar la búsqueda de una solución política negociada para poner fin a las hostilidades armadas y sentar las bases para una paz justa y duradera en un conflicto armado interno frente a la opción de victoria militar debido a los costos en términos no solo humanos sino económicos, sociales, políticos, geopolíticos, presupuestarios y en equidad que la opción belicista conlleva; así lo asegura Monica Duffy “un acuerdo negociado por la paz en un conflicto intraestatal tiene como objetivo superior la preservación de los actores de la violencia política como actores políticos en un ambiente de paz en base a una solución política mutuamente acordada que genere paz y prosperidad; en contraposición a la victoria militar que solo tendría como consecuencia más muertes, pobreza, destrucción y la propagación del conflicto en países vecinos”[28]. Por ende, es de importancia estratégica conocer ¿qué es y que implica una negociación?, según German Valencia, Alderid Gutierrez y Sandra Johansson “la negociación es la forma como las partes inician procesos de discusión o “conversaciones” a través de representantes oficiales de cada bando con el fin de exponer sus demandas y llegar a un acuerdo mutuo y aceptado por las partes, en otras palabras, es una relación de interdependencia, en la que las partes en conflicto acuerdan negociar sus demandas, con o sin ayuda de un tercero y utilizando técnicas competitivas o cooperativas”[29]. Por lo tanto, el proceso de negociación como ruta para alcanzar la paz en un conflicto armado interno es un mecanismo que permite la compaginación, intercambio y generación de consensos entre las partes involucradas para buscar soluciones de fondo que permiten generar condiciones de paz en base a concesiones reciprocas y el mutuo entendimiento.

Como se expresó un acuerdo negociado que facilite la construcción de la paz en un conflicto intraestatal es un mecanismo eficaz que involucra la aceptación y canalización de las diferencias entre las partes para buscar una solución política al conflicto, sin embargo dicha solución va a ser configurada dependiendo del tipo de acuerdo al que las partes convengan, lo cual esta direccionado por sus objetivos, intereses, procedimientos y metodologías de negociación. Según Oscar Castaño existen 6 paradigmas explicativos en cuanto al tipo de acuerdo conseguido en una negociación de paz en conflictos internos que son: “(1) Regulación de conflictos: busca comprometer a las partes mediante acuerdos con el fin de aportar una solución temporal al conflicto armado poniendo fin a las expresiones violentas, con frecuencia los conflictos regulados vuelven a rebrotar ya que las contradicciones estructurales no han sido alteradas. (2) Gestión de Conflictos: no busca eliminar el conflicto ni tratar sus raíces sino militarlo y mitigar sus consecuencias y efectos. (3) Acuerdo Formal: Busca la aprobación de un acuerdo formal entre las partes mediante la negociación, el intercambio y las concesiones mutuas. Tiene objetivos a corto plazo, se centra es aspectos objetivos, concretos pueden intervenir terceras partes utilizando mecanismo de presión. (4) Solución analítica de problemas: Pone énfasis en la satisfacción de las necesidades humanas básicas negadas o amenazadas como la identidad, la seguridad, el reconocimiento o la participación de la sociedad, explora nuevas formas de organización social y relaciones políticas. (5) Reconciliación: Proceso por el cual las partes en conflicto toman medidas reales conducentes a perdonar las antiguas transgresiones, superar el pasado y admitir los errores y así iniciar una nueva relación, por ejemplo a través de la justicia transicional. (6) Resolución de conflictos: No se limita a buscar acuerdos, sino que busca entender los motivos de fondo del conflicto para tratarlos adecuadamente y hacer que la violencia desaparezca, y se cambie la estructura del conflicto”[30].

También Oscar Castaño manifiesta que “las soluciones de fondo a las causas que dieron origen a un conflicto intraestatal a través de una negociación tiene que tener el modelo del “peacebuilding” que no es otra cosa que la implementación de políticas públicas y programas que ayuden a la construcción y solidificación de la paz ya que esta última no es solo la ausencia de guerra, sino que dependiendo de los enfoques, concepciones y las especificidades de cada realidad implica una relación directa con otros factores que configuran la paz, y la escalada, desescalada, superación y transformación de los conflictos. Además estas soluciones de fondo evitan que el proceso de negociación derive en la configuración de una paz minimalista o paz negativa que se centra en la ausencia de guerra y se preocupa exclusivamente por crear los mecanismos que prevengan la escalada de la violencia. Por otro lado las soluciones estructurales negociadas en un conflicto armado interno permiten el establecimiento de una paz maximalista o paz positiva que se centra en el desarrollo, los derechos humanos y el desmonte de la violencia estructural como la pobreza extrema, la injusticia social y la exclusión política”[31].

 

Análisis y Resultados

Colombia: desigualdad socioeconómica, debilidad institucional y una democracia históricamente excluyente

El conflicto armado interno colombiano es un fenómeno con orígenes causales de carácter estructural, por lo cual una respuesta unidimensional que trate de explicar el uso de la violencia política de manera sistemática es insuficiente. Por ende, las razones primigenias para el aparecimiento de este conflicto intraestatal se pueden sintetizar en la conjugación de tres condiciones que viabilizaron el uso de las armas como forma de disputa de poder y búsqueda de reivindicaciones en el país; en primer lugar la existencia de condiciones de desigualdad, pobreza, marginalización y asimetrías en la distribución de los recursos hacia grandes sectores de la población; en segundo lugar la exclusión política a través de la instauración de una democracia de elites históricamente excluyente, y en tercer lugar la debilidad histórica del Estado colombiano para hacer presencia en la integralidad del territorio colombiano monopolizando el uso legítimo de la fuerza.

En cuanto a la desigualdad, pobreza y la inequidad en la repartición de la riqueza las instituciones económicas colombianas a los largo de la historia se han caracterizado por ser altamente excluyentes imposibilitando la generación de un sistema social de igualdad de oportunidades para toda la sociedad que ha generado la acumulación de la riqueza y los factores productivos en grupos minoritarios. Esta estructura económico-social jerarquizada, discriminatoria y marginalizante se ha mantenido casi intacta desde su herencia colonial en la era republicana reproduciendo de esta manera sistemas de explotación, especialmente en sectores rurales, donde las prácticas latifundistas, feudales y la presencia del gamonalismo terrateniente ha acrecentado las asimetrías sociales, la pobreza extrema y la ausencia de generación de oportunidades.

Esta injusticia social estructural se refleja de manera clara en la forma de distribución de la tierra que ha sido altamente oligopólica ya que reproduce y perpetúa el sistema de exclusión social, tal es así que el coeficiente Gini de concentración de la tierra está en la actualidad en el 0,75 a nivel nacional. Además según el Centro Nacional para la Memoria Histórica en su Informe sobre la situación rural del país 2013 establece que en Colombia hay 114 millones de hectáreas de las cuales 51,3 millones se consideran como superficie agropecuaria, de cuyo total 36 millones están dedicados a la ganadería extensiva, expresión tradicional del poder de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes.  Solamente 10 millones de hectáreas son aptas para la agricultura, y mientras la mitad se dedica a actividades agroindustriales, en el resto (laderas y en zonas bajas tropicales) subsisten millones de campesinos y colonos que no tienen títulos de propiedad, ya que el 85% de los habitantes del campo carecen de dichos títulos. Igualmente, un dato que revela la monstruosa desigualdad es que un exiguo 0,43% de los propietarios (grandes latifundistas)  son dueños del 62,91% del Área Predial Rural, al tiempo que el 57,87% de los propietarios (minifundistas y pequeños propietarios), tiene un exiguo 1,66% de la tierra; de la misma manera según un estudio de la Universidad Nacional, el 53% del total de la tierra registrada se concentra en manos de sólo tres mil grandes propietarios[32].

Si bien es cierto la pobreza, marginalización y desigualdad antes referidas son altamente asimétricas en Colombia esta realidad no difiere históricamente con la realidad de la mayoría de países latinoamericanos en el siglo XX, sin embargo la injusticia económica se complementó con la exclusión política que emergió debido a la permanencia en el tiempo de una democracia elitista históricamente excluyente que impidió, limitó y obstaculizó la participación política de la ciudadanía, pero sobre todo de actores políticos que querían transformar el statu quo del país de manera institucional y pacífica. Por consiguiente, el dominio del Estado por parte de elites locales, regionales y nacionales instrumentó la funcionalidad de las instituciones y del uso de la fuerza legítima en consonancia con los intereses sectarios y privados de aquellas elites que de manera antidemocrática subyugaron y excluyeron sistemáticamente a amplios sectores populares de representatividad política desprestigiando y deslegitimando de esta forma el sistema político, incentivando el uso de la violencia como forma de reivindicación ante la opresión económica y política institucionalizada.

Cabe resaltar que la mencionada exclusión política que forjó el establecimiento de una democracia históricamente excluyente dominada por elites es uno de los factores que explican el origen del conflicto interno armado, más no una justificación de los crímenes de lesa humanidad y las acciones terroristas utilizadas por la insurgencia y mucho menos una apología hacia el camino de la violencia política como medio legítimo de reivindicación social (FARC, ELN, M-19, AUC), pero si es un factor fundamental comprender integralmente el conflicto y emprender  las reformas estructurales para pacificar el país. Por lo tanto, esta democracia históricamente excluyente se puede reflejar en la represión y persecución política del Estado como forma de interacción política permanente en consonancia con grupos paramilitares en el exterminio de la oposición política como fue el caso del genocidio del partido político de izquierda Unión Patriótica, el desarrollo de la acción política en la sociedad bajo un estatuto de seguridad que restringía las libertades, declaraba el estado de sitio y limitaba el debate público. Igualmente, la elección popular y directa de Gobernadores, Alcaldes y concejales solo se dio a mediados de 1980 lo cual limitó enormemente la participación de las comunidades en política fomentado el corporativismo, el clientelismo, la violencia partidista y el control oligárquico del Estado.

Tanto la exclusión económica como política son factores que crearon el terreno fértil para el uso de la violencia política como forma de buscar las trasformaciones del sistema social en Colombia, sin embargo estas condiciones objetivas del conflicto armado interno fueron complementadas de manera estratégica con la histórica incapacidad del Estado por controlar, regular y estar presente en la integralidad del territorio colombiano a lo largo de su historia republicana, con todo lo que esta premisa implica como por ejemplo: la generación de vacíos de poder en amplios sectores rurales de la geografía colombiana donde los grupos armados ilegales reemplazaron al Estado, la perdida de legitimidad por la desatención y abandono de amplios sectores poblaciones, la incapacidad de monopolizar el uso legítimo de la fuerza y la imposibilidad de administrar justicia, resolver conflictos y promover la participación ciudadana a través de la legalidad y la institucionalidad. De esta forma la debilidad institucional del Estado permitió que grupos guerrilleros establecieran sus centros de poder en sectores rurales totalmente desprotegidos por parte del Estado legitimando su lucha y ganado apoyo social por las condiciones estructurales de injusticia y exclusión política para resolver problemas como la pobreza, la inequidad, la represión, la injusticia y la desatención pública a través de canales institucionales estatales que eran y siguen siendo inexistentes.

Por consiguiente, utilizando la metodología cuatripartita de Dan Smith desarrollada en el marco teórico se procederá a describir el origen del conflicto armado interno colombiano según las cuatro categorizaciones. En primer lugar, las Causas de fondo en Colombia para la emanación del conflicto son indudablemente las estructuras económicas y políticas excluyentes y monopólicas que impidieron una mínima redistribución de la riqueza, especialmente en lo referente a la tierra, y un sistema político elitista-partidista (Liberal-Conservador) que instrumentalizó el Estado en pos de mantener y acrecentar sus intereses particulares. En segundo lugar, la estrategia de movilización se fundamentó en el posicionamiento de la violencia política a través de grupos armados ilegales como única forma de subvertir el orden establecido para a través de la toma del poder por la vía armada realizar las grandes transformaciones ante la imposibilidad de recurrir a la competencia política-electoral como forma de buscar los intereses de grupos reprimidos. En tercer lugar, los factores desencadenantes para el inicio formal del conflicto son el fiel reflejo del problema de fondo del caso colombiano ya que se centra en la eliminación del adversario político como forma de captar el poder, este fue el caso del Asesinato del caudillo popular Jorge Eliecer Gaitán y los disturbios sociales conocidos como el Bogotazo. En cuarto lugar, los catalizadores que diagramaron el conflicto armado intraestatal fueron los vacíos de poder de grandes sectores geográficos del país que permitieron que los grupos armados ilegales se organicen, controlen territorio, ganen legitimidad popular e inicien su programa violento de toma del poder ante la pasividad del Estado.

Por otro lado, el fenómeno del narcotráfico en términos principales junto a otros incentivos criminales e ilegales como son la extorción, minería ilegal y captación de renta pública para muchos académicos son la fuente originaria del conflicto armado interno en Colombia (escuela del “greed”) debido al control territorial de los grupos armados ilegales especialmente en los sectores donde se dan estas actividades y el control del poder político local antes que nacional para profundizar, legalizar y evitar el accionar de la justicia ante dichas actividades criminales. Sin embargo, esta concepción del conflicto interno ignora las raíces profundas e irrefutables anteriormente explicadas como son la exclusión política y económica sistemática de grandes sectores poblacionales y la debilidad institucional del Estado, por ende otorga un papel diametral al narcotráfico como factor originario del conflicto intraestatal en Colombia obviando que el uso de la violencia política en dicho país existió antes del fenómeno de la cocaína como fue en la época denominada como “La Violencia” en la cual durante 1946 y 1956 el partido Liberal y el Conservador enfrentaron un proceso de Guerra Civil por la captura del poder estatal con un saldo de más de 200 000 muertos. Es precisamente este antecedente histórico el que creó las bases para la expansión del uso de la violencia como forma de hacer política en Colombia debido a que en 1956 se estableció un acuerdo entre liberales y conservadores para rotarse en el poder y acabar con la vorágine de violencia partidista en el denominado Frente Nacional que excluyó, criminalizó e inició un proceso de exterminio político con los demás actores políticos que no hicieron parte del pacto lo que derivó en la creación de la insurgencia armada.

Transformaciones para la democratización política y la igualdad de oportunidades

A continuación se esbozan una serie de medidas en diferentes campos del espectro económico, social y político que deberían ser abordadas en las actuales negociaciones de paz como mecanismos que viabilicen la emanación de un posconflicto que pueda construir una paz justa y duradera centrada en la solución de las condiciones objetivas que dieron inicio al conflicto.

Reforma Rural Integral

Una de las condiciones objetivas que permitieron el origen del conflicto fue indudablemente el acaparamiento de la tierra en pocas manos lo cual generó desigualdad y miseria en amplios sectores de la ruralidad colombiana. Para democratizar la igualdad de movilidad social en sectores históricamente excluidos en el acceso a la tierra el Estado debe establecer una política de estado de redistribución de la tierra de forma integral como forma de estabilizar al campo colombiano, esta redistribución al ser de carácter integral debe abarcar el acompañamiento y asesoría técnica y tecnológica, el fomento a los encadenamientos productivos entre pequeños y medianos agricultores, la creación de mercados, un programa masivo de formalización y titulación de predios y la construcción de infraestructura productiva para hacer del campo colombiano una región autosustentable de riqueza y generadora de bienestar e inclusión social. Cabe resaltar que la redistribución de tierras podría ser materializada a través de las grandes extensiones de tierras pertenecientes a los paramilitares, ex narcotraficantes y en tierras ociosas a través de un proceso de extinción de domino garantizado en el Marco Jurídico para la Paz (ordenamiento jurídico que regula el proceso de paz con las FARC y el posconflicto) para priorizar el acceso a la tierra de las víctimas, desplazados internos, refugiados y sectores vulnerables.

Fortalecimiento y consolidación estatal

En ciertas regiones de la geografía colombiana la presencia del Estado es inexistente, deficitaria o sobredimensionada por el aparato militar como única expresión de la presencia institucional, por ende se debe establecer como política de estado la masificación integral de la presencia institucional del Estado a lo largo y ancho del territorio para que ejerza el monopolio exclusivo y único del uso de la fuerza legítima, el cobro de tributos y la administración de justicia. Además de estas funciones esenciales el Estado debe solventar a través de mecanismos legales e institucionales la garantía en la práctica vivencial de los derechos económicos, sociales, culturales, colectivos, laborales, políticos y civiles de la población.

Democratización de la Participación política

La exclusión en la participación política y el uso de la violencia como falsa panacea a este contexto de democracia excluyente debe desaparecer de Colombia para poner verdaderamente fin al conflicto interno armado debido a que tradicionalmente las disputas por obtener, mantener y captar el poder en pos de transformar la realidad social han usado la violencia política y la eliminación del adversario como forma de interacción y resolución de conflictos en el orden sociopolítico. Para tal objetivo es necesario la democratización, apertura y garantías de seguridad en los espacios de participación política tanto a la nueva clase política desmovilizada como a los ciudadanos garantizando de esta forma el pluralismo, la inclusión, la fiscalización, la transparencia, la credibilidad y la tolerancia.

Control territorial estatal

Es de suma importancia que el Estado ejerza el control territorial de toda la geografía colombiana debido a que si bien es cierto el conflicto armado representa una realidad incruenta para los 47 millones de colombianos, para 15 millones de ellos que viven en el sector rural este conflicto intraestatal representa un diario vivir en un contexto de guerra civil, muerte, miseria y abandono por lo cual las reformas negociadas que garanticen la construcción de una paz justa y duradera requieren ineludiblemente de un Estado fuerte que implemente dichos acuerdos de cambios estructurales en el posconflicto.

La preeminencia de las víctimas

El conflicto armado interno ha generado una gran cantidad de víctimas que ha desmembrado el tejido social y ha polarizado el desarrollo del conflicto en posiciones extremas, por ello como camino necesario e ineludible para la construcción de una paz integral se debe garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición independientemente cual haya sido el agresor (Estado, guerrillas, AUC), de esta forma se garantiza la edificación de una paz centrada en la reconciliación pero también en la justicia sin impunidad.

Combate al narcotráfico

Los cultivos ilícitos de drogas ilegales y el narcotráfico representan un problema de seguridad para Colombia pero además de ello históricamente han representado una fuente de financiamiento para los grupos armados ilegales, por tanto el combate a esta forma de criminalidad por parte del Estado debe de contar con el respaldo de los miembros desmovilizados de la insurgencia armada de manera integral en cuanto a información, recursos, rutas del narcotráfico, acceso a cuentas en paraísos fiscales, entre otros.  De igual modo el Estado debe implementar un plan de reconversión productiva gradual en el cual genere oportunidades productivas a los campesinos que se dedican al cultivo de hoja de coca en los sectores rurales de Colombia.

 

La actual negociación con las FARC frente a las negociaciones con los Paramilitares en Santa Fe de Ralito y con la propia FARC en el Caguan

Actual proceso de negociación entre Estado colombiano y FARC: El proceso de negociaciones en curso entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC se inició formalmente el 18 de Octubre del 2012 y se prolonga hasta el día de hoy después de un proceso preliminar de sesiones exploratorias realizadas en Oslo que tuvo una duración de 6 meses y en las cuales se acordó entre las partes la agenda y el procedimiento de las negociaciones que se suscribió en la firma del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En este compromiso se estableció iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas para buscar el fin del conflicto armado en la Habana como sede principal, teniendo como garantes a los Estados de Chile, Noruega, Cuba y  Venezuela; las partes acordaron que las negociaciones sean de carácter secreto por lo que no serán divulgadas hasta la firma de un acuerdo integral de paz, de igual manera el proceso se guía bajo la regla de que nada está acordado hasta que todo este acordado, los puntos de la agenda son 6.[33]

 

Proceso fallido de paz entre el Estado y las FARC en el Caguan: Este proceso de negociaciones tuvo una duración de 4 años entre 1998 y el 2002 en el gobierno del Presidente Andrés Pastrana, el proceso se desarrolló en territorio colombiano en la zona desmilitarizada del Caguan sin un cese al fuego generalizado, en dicha zona de distención las FARC ejerció el control absoluto tanto territorial como de la población lo cual derivó en la utilización de dicha zona de despeje militar para la realización de actos criminales que produjo el fracaso y terminación de las conversaciones por parte del Presidente Pastrana. La agenda de negociación de este proceso se caracterizó por ser multidimensional y por la discusión del sistema político, económico, productivo, judicial y militar del país estaba constituida por 12 puntos conocidos como “Agenda común por la Paz[34]. Cabe resaltar que una vez que fracasaron las negociaciones se inició en Colombia un proceso de finalización del conflicto a través de la victoria militar del Estado liderado por el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez denominado “Plan de Seguridad Democrática” en conjugación con la implementación del “Plan Colombia”.[35] 

Proceso de negociación entre el Estado y las AUC: Este proceso de negociación se inició en el año 2003 hasta el 2005 entre el gobierno del Presidente Álvaro Uribe y la confederación de organizaciones paramilitares agrupadas en las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia con el objetivo de lograr la paz nacional a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado lo cual fue firmado por las partes en el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”[36]. Este proceso de negociación consiguió la desmovilización de más de 50 000 paramilitares y su estructura de guerra, sin embargo ha sido criticado ampliamente por otorgar impunidad a crímenes de lesa humanidad, no incluir a las víctimas en su derecho a la verdad, justicia y reparación así como no desmontar completamente el fenómeno paramilitar debido al aparecimiento de bandas criminales a través del rearme de ex paramilitares y la posterior extradición a Estados  Unidos de los principales jefes paramilitares.[37]

 

El PROCESO DEL CAGUAN

La negociación de paz del Caguan entre las FARC y el Estado colombiano se dio debido a la imposibilidad de una victoria militar tanto de la guerrilla como de la fuerza pública dadas las características del conflicto configurado como una guerra de guerrillas a través de frentes en una región geográfica selvática donde el Estado no poseía una presencia institucional permanente. Por ende, el establecimiento de una mesa de negociaciones en este caso se debió principalmente a la imposibilidad del Estado por solucionar de manera militar el conflicto armado interno ya que como candidato presidencial Andrés Pastrana se reunió con el líder guerrillero Manuel Marulanda alias “tirofijo” para presentarse como el candidato de la paz; con lo cual era el Estado quien tomaba la iniciativa debido a su incapacidad militar frente a una guerrilla fuerte, esparcida a nivel nacional a través de 48 frentes, con más de 30 000 combatientes e ingentes recursos económicos provenientes del narcotráfico. Ante lo cual las FARC afrontó el proceso desde una posición de superioridad frente al Estado, imponiendo condiciones, aplazando los diálogos y cometiendo actividades criminales ante la pasividad del Estado, lo que conllevó a la instrumentalización del proceso para su reforzamiento militar y la toma violenta del poder.

En contraposición, el actual proceso de negociaciones con la guerrilla se desarrolla en un contexto completamente diferente ya que el Estado actúa desde una posición de poder no solo militar, sino de legitimidad dado el descredito e impopularidad de las FARC ante la opinión pública nacional, gracias en gran medida al éxito de la política de seguridad democrática desarrollada por el ex presidente Álvaro Uribe que replegó al grupo guerrillero, le quitó el control territorial de amplios sectores de la ruralidad colombiana y posicionó al Estado como el actor del conflicto con la iniciativa de combate. Por lo tanto las actuales negociaciones de paz se desarrollan bajo estrictas reglas, con objetivos concretos y con condiciones favorables para el Estado ya que el fin del conflicto armado no implica la trasformación del orden institucional y constitucional establecido.

Otra diferencia esencial entre ambos procesos de negociación es sin lugar a dudas el enfoque central de las negociaciones, debido a que en el proceso del Caguan el paradigma de seguridad estatal primaba ya que tanto las FARC como el Estado buscaban la consecución de un acuerdo que termine el conflicto armado interno solventado en temas de soberanía, control territorial, dejación de armas, monopolio del uso de la fuerza y reconocimiento político; mientras tanto que el actual proceso además de tomar en cuentas las perspectivas de seguridad soberana y territorial se enfoca y posiciona el tema de las víctimas del conflicto como eje central de las negociaciones garantizando su derecho a la verdad, justicia, reparación y derecho a la no repetición como una muestra clara de que la reconciliación nacional depende de la humanización del conflicto (seguridad humana). Este hecho es de suma importancia ya que en 1998 las FARC  en la “Agenda común por la Paz” firmada con el Estado no reconocieron como un punto en las negociaciones el derecho de las victimas ya que se autoproclamaban como víctimas del Estado, en contraposición en el actual proceso uno de los puntos focales para poner fin al conflicto es sobre las víctimas y las FARC ha reconocido públicamente su responsabilidad en las muertes, desplazamientos, despojo de tierras, reclutamiento de menores y otras actividades criminales lo que garantiza un posible acuerdo de paz justo, sin impunidad, con perdón pero sin olvido.  

Igualmente, el proceso de negociación del Caguan que finalmente fracasó pretendía culminar con la consecución de un acuerdo formal que termine el conflicto armado con la guerrilla principalmente sustentado en un proceso de desmovilización, desarme y reintegración con la garantía de participación política formal a la guerrilla y ciertos cambios económicos y sociales en pos de la justicia social, era un hipotético acuerdo rápido y con objetivos a corto plazo que no consideraban soluciones de fondo y estructurales para las condiciones objetivas que dieron inicio al conflicto debido principalmente a la necesidad apremiante por pacificar al país a toda costa. Mientras tanto el actual proceso de negociaciones se centra en lograr un acuerdo de paz integral cimentado en la Reconciliación, la Solución analítica del conflicto y la Resolución del conflicto, lo que significa que los 6 puntos establecidos en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” abordan de manera estructural las causas originarias del conflicto y sus posibles soluciones en un proceso gradual y estratégico de construcción de la paz en el posconflicto con el objetivo de garantizar la edificación de una paz justa y duradera que no solo se centre en la ausencia de la guerra sino en la construcción de las condiciones objetivas tanto políticas, económicas y sociales para la paz de Colombia.

El proceso del Caguan no llegó a buen puerto debido principalmente a las improvisaciones, permisividad y apresuramientos del Estado por pacificar inmediatamente al país a toda costa y por la ausencia real de una voluntad de paz por parte de la guerrilla, pero tal fracaso fue ocasionado también por cuestiones del Sistema Internacional, las características del país y las características del conflicto. En primer lugar, en el Sistema Internacional de 1998 las FARC todavía contaban con cierto apoyo y legitimidad internacional al pasar simplemente 8 años después del derrumbe del eje comunista pero lo más importante es que este grupo guerrillero no fue considerado como organización terrorista y deslegitimado internacionalmente hasta el 2001 cuando tanto la Unión Europea como Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre emprendieron su lucha global contra el terror, de igual modo en 1998 la elaboración del Plan Colombia recién comenzaba a gestarse. En cuanto a las características del país y del conflicto en 1998 el Estado colombiano poseía una debilidad institucional y militar frente a la guerrilla, existía una desaceleración económica y las FARC ejercían el control territorial en más de 200 municipios lo cual creó un escenario de negociación favorable al grupo armado ilegal que le permitió por casi 4 años utilizar el proceso de negación como excusa para un reforzamiento militar y la toma violenta del poder.

En lo referente al proceso negociador en sí mismo las negociaciones del Caguan se caracterizaron por su impresionante visibilidad, apertura y exhibición tanto a la opinión pública nacional como internacional como a los medios de comunicación de toda índole lo cual originó que los diálogos y conversaciones se hicieran públicos y exista intromisión de actores directamente involucrados en el conflicto armado que trabaron el proceso como los Estados Unidos y los Paramilitares, además de la excesiva participación de organizaciones sociales, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y grupos de interés que tenían sus propios intereses particulares. En contraposición, el actual proceso de negociación tiene como regla objetiva y transversal el tratamiento de las negociaciones en absoluto secreto, reconociendo únicamente como válidas las declaraciones oficiales de los jefes negociadores de ambas partes y bajo la regla de que nada está acordado hasta que todo está acordado lo cual fortalece la negociación de temas delicados, cruciales y que generan gran sensibilización en la opinión pública.

En cuanto al establecimiento de la agenda el proceso del Caguan se caracterizó por abarcar 12 temas amplios y multidimensionales que además de abordar los temas para la finalización del conflicto de manera incompleta (ausencia de víctimas) extendía el poder de negociación de las FARC para tratar temas de gobernabilidad nacional referente a políticas públicas en lo económico, social, político, manejo de recurso naturales, impuestos, administración de justicia, entre otros que posicionó a la negociación como una fuente para el cambio de modelo económico, político y social del país al nivel de una Asamblea Nacional Constituyente. Por el contrario, el actual proceso de paz se centra en el establecimiento de una agenda con 6 puntos focales que tratan las causas originarias del conflicto para trazar una solución de fondo que permitan la configuración de un posconflicto donde de manera gradual y sistemática se construya una paz justa y duradera, mas no otorga la prerrogativa legislativa y constitucional a las FARC para decidir que modelo económico, político y social implantar en Colombia. Igualmente, el actual proceso de negociación se desarrolla fuera del territorio colombiano, sin otorgar una zona de distensión desmilitarizada a la guerrilla del tamaño de Suiza (la región del Cagua) como en el proceso de 1998 y sin el establecimiento de un cese de hostilidades parcial por lo cual el Estado mantiene la ofensiva militar en la integralidad del territorio colombiano a la par de las negociaciones, lo cual garantiza estabilidad en términos militares en caso de fracasar las negociaciones ya que impide el reforzamiento de la guerrilla y la instrumentalización del proceso por parte del grupo armado ilegal.

EL PROCESO CON LAS AUC

Las negociaciones de paz entre el Estado y las Autodefensa Unidas de Colombia fue un proceso que puso fin de manera parcial al fenómeno de contrainsurgencia armada ilegal colombiano con la desmovilización de aproximadamente 50 000 combatientes paramilitares aunque dejó serias dudas en cuanto a los derechos de las víctimas. Este proceso se originó por la iniciativa paramilitar que aceptó el cese unilateral de sus actividades armadas como condición del gobierno del ex Presiente Álvaro Uribe para negociar, además las AUC visualizaron que la política de lucha contra la insurgencia y el control territorial que estaba siendo implementada por parte del ejecutivo, “Seguridad Democrática”, estaba en consonancia con su principios de existencia. Y sin lugar a dudas los paramilitares concibieron los beneficios de una negociación política para ganar el status de actores políticos del conflicto y con ello evitar la extradición a Estados Unidos, los cargos por narcotráfico y el juzgamiento por crímenes de guerra y contra la humanidad. Por otro lado, el Estado colombiano optó por aceptar la realización de las negociaciones debido a que la política de “Seguridad Democrática” que buscaba la finalización del conflicto armado interno a través de la victoria militar necesitaba el desmonte del aparato paramilitar para recuperar la iniciativa militar del Estado en el combate contra la insurgencia, legitimidad ante la sociedad y cerrar un frente de combate para enfocarse en su lucha contra las FARC.

Las anteriores justificaciones a las negociaciones de Santa Fe de Ralito demuestran que los intereses de las parten era coyunturales y conexos al desarrollo del conflicto armado interno, por lo cual las negociaciones del Estado con uno de los actores del conflicto más importante desde mediados de 1980 debido a su control territorial de amplias zonas del país no abordó las causas originarias del conflicto como tal sino simplemente la pacificación formal del país, al contrario de las negociaciones en la habana que reconocen que a través de soluciones estructurales que la paz es más que una firma y el cese de hostilidades sino la construcción del posconflicto en base a la justicia y a la verdad.

En cuanto al acuerdo que se consiguió, “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”, versó básicamente sobre el desarme, desmovilización y reintegración de los miembros de las AUC bajo un marco de justicia transicional que garantizó amnistías parciales, penas reducidas e indulto de delitos políticos de manera indiscriminada por medio de la Ley de Justicia y Paz que no garantizó el derecho de las víctimas a la justicia, reparación, verdad y derecho de no repetición al extraditar a los principales jefes paramilitares a Estados Unidos, negar procesos integrales para conocer la verdad histórica por parte de las víctimas y el no reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia que desvirtuó la negociación política sustentada en la justicia transicional transformándolo en un simple proceso de sometimiento a la justicia que dejó grandes vacíos de verdad e impunidades.

Según Catalina Botero, Esteban Restrepo y María Saffon  “los procesos de justicia transicional enfrentan importantes dilemas originados todos en la compleja necesidad de equilibrar los objetivos contrapuestos de justicia y paz. En efecto, en las últimas décadas se han consolidado importantes imperativos jurídicos internacionales que protegen los derechos de las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos ocurridos en la etapa previa de las transiciones y la judicialización de los culpables”[38], por lo cual el proceso de Ralito en contraposición al proceso de la Habana no posicionó los derechos de las víctimas y las garantías para que los crimines y delitos que vulneraron los derechos humanos queden en la impunidad instrumentalizando un proceso de justicia transicional únicamente para la desmovilización de la estructura criminal paramilitar.

El acuerdo suscrito entre el Estado y los Paramilitares se puede enmarcar en lo concerniente a la regulación y gestión del conflicto armado interno debido a que únicamente tuvo como objetivo la desmovilización, desarme y reintegración de los miembros de las AUC como mecanismo de pacificación formal del país desarticulando la presencia armada de uno de los actores del conflicto, pero no se negoció la desarticulación estructural del fenómeno paramilitar en amplias regiones rurales de Colombia, ni el desmonte de su poderío político e infiltración en la institucionalidad democrática del Estado, “parapolítica”, y mucho menos las causas originarias que produjeron el conflicto donde los paramilitares tienen protagonismo propio al acumular vastas extensiones de tierra de manera irregular, ser actores estratégicos en el fenómeno del narcotráfico y actuar como maquinaria de asesinatos políticos de líderes de izquierda. Igualmente, el acuerdo contrasta con la agenda establecida en el proceso de la Habana al no contemplar procesos de construcción de un posconflicto en las regiones controladas por los paramilitares donde la inequidad, desigualdad social, miseria, falta de servicios básicos, y la ausencia de la presencia institucional del Estado para garantizar los derechos económicos, sociales, colectivos, individuales, políticos y civiles de las sociedad requiere un rediseño institucional del Estado y la construcción de un posconflicto que conciba una paz integral que desmonte la violenta estructural centrada en la pobreza en vez de una paz minimalista que se conciba como la ausencia de la guerra, la cual fue la que se pactó con las AUC.

Por otro lado, el proceso de Santa Fe de Ralito al no concebirse como una negociación de paz en el contexto de un conflicto armado no tuvo una agenda integral sustentada en las razones del conflicto y las soluciones de fondo para terminarlo, sino simplemente en la eliminación del contexto de la guerra de un actor armado contrainsurgente a través de un proceso de desmovilización masiva. A pesar de esta falencia estructural el más grave error del proceso de negociación con los paramilitares, además de excluir los derechos de las víctimas yéndose contra el Estatuto de Roma del cual Colombia es signatario, fue indudablemente excluir de la agenda de negociación el tema del narcotráfico, tópico fundamental en la perdurabilidad y transformación del conflicto interno colombiano que fue instrumentalizado por el paramilitarismo de forma integral. Al contrario del proceso de la Habana donde se establece como punto de negociación el involucramiento de las FARC para desarticular y desmontar el fenómeno del narcotráfico en el país, el proceso con las AUC no reconoció la trascendencia de que los paramilitares desmonten su estructura criminal y mafiosa narcotraficante que inclusive tenía grandes infiltraciones en el Estado y la clase política.

Una vez que se desmovilizaron y desarmaron la mayoría de los grupos paramilitares sucedió un fenómeno de reanudación de la toma de las armas por parte de ciertos ex combatientes, pero sobre todo se dio un proceso creciente de transformación de bloques paramilitares que no entraron en el proceso de negociación en las bandas criminales conocidas como las “Bacrim” como por ejemplo los Urabeños, las Águilas Negras, los Rastrojos, los Paisas, el Ejercito Revolucionario Popular Anticomunista (ERPAC,) entre otros que son el producto de un acuerdo negociado que no consideró las causas estructurales de la violencia política y dejó incentivos como el control territorial para el ejercicio del narcotráfico al no abordar este tema sensible en las  negociaciones. Sin embargo, tal reanudación de la violencia paramilitar se debió también a las fracturas internas en el bloque negociador de la AUC donde además de paramilitares confesos se infiltraron narcotraficantes que compraron franquicias paramilitares para hacer pasar sus crímenes como delitos políticos y los intereses de ciertos sectores estatales para ocultar los crímenes y terrorismo de estado como un fenómeno paramilitar vigente.

Para finalizar se debe resaltar que el acuerdo de negociación entre el Estado y las AUC no fue consultado ni refrendado con la ciudadanía y la opinión pública colombiana para su aprobación y posterior implementación, por lo cual su legitimidad ante la sociedad es deficitaria, al contrario el proceso de la Habana contempla una vez acordado los seis puntos de negociación con las FARC establecer una garantía de legitimidad popular del acuerdo a través de un referéndum donde los colombianos decidan si aceptan o no la paz que se negoció.

 

Conclusiones

En primer lugar las causas originarias de los conflictos armados internos dependen de las particularidades, especificidades y singularidades de cada caso y cada realidad, las escuelas académicas más utilizadas para la explicación causal de dichos fenómenos son dos; la escuela del “grievance” que reconoce factores como la desigualdad socioeconómica y la exclusión política como desencadenantes de los conflictos intraestatales , y la escuela del “greed” la cual hace referencia a los intereses financieros y económicos existentes en un determinado territorio como factor que promueve la acción violenta de los grupos armados ilegales.

En el caso específico del conflicto armado interno colombiano la presente investigación consideró que la escuela del “grievance” es la que más se ajusta para explicar las razones causales de la violencia política, debido a que la existencia histórica de desigualdad, inequidad, exclusión  y marginalización de amplios sectores de la sociedad y la monopolización de los factores productivos en minorías a través de la asimétrica distribución de los recurso naturales, especialmente el acceso a la tierra, así como la conservación de una democracia elitista históricamente excluyente que limitaba la participación política y con ello la transformación del statu quo por medio de los canales institucionales de manera pacífica cimentó el camino para el uso de la violencia política  por medio de la insurgencia armada como único camino viable para la consecución de transformaciones sociales. De la misma forma la histórica debilidad del Estado colombiano para hacer presencia institucional y monopolizar el uso de la fuerza en la integralidad de su territorio permitió la emergencia de grupos armados ilegales y su fortalecimiento, por otro lado el fenómeno de la cocaína y el narcotráfico es un factor que ha promovido la perdurabilidad del conflicto armado interno al ser fuente de financiamiento ilegal de los grupos levantados contra el Estado.

Al ser causas estructurales las detonantes primigenias del conflicto interno en Colombia la terminación de la violencia política radica en que las actuales negociaciones en la Habana con las FARC aborden soluciones de fondo tanto para las condiciones estructurales de injusticia como para la ampliación de la participación política a través de procesos de democratización tanto económicos como sociales como por ejemplo: el rediseño institucional del Estado, una reforma rural integral, el control territorial del Estado en la integralidad de la geografía colombiana, la inclusión social de sectores vulnerables, el posicionamiento de la víctimas en el proceso de negociación, garantías en la participación política de la oposición, eliminar las condiciones objetivas originarias del conflicto, entre otros.

Igualmente, las actuales negociaciones de la Habana se diferencian tanto del proceso de negociación fallido del Caguan como del proceso de negociación alcanzado con las AUC debido a que el actual proceso es ejercido por un Estado legitimado por su fuerza militar, logros económicos y mejoras sociales, además se posiciona a las víctimas como centro del proceso de negociación dando preponderancia a la búsqueda de una paz sustentada en la justicia y la verdad sin impunidad, también se negocia la paz sin desmilitarización, zonas de distensión y cese de las hostilidades para evitar el fortalecimiento de los grupos armados ilegales en el proceso. Pero sobre todo el actual proceso de la Habana aborda los temas que dieron origen al conflicto armado interno así como sus posibles soluciones de fondo en pos de la construcción de un posconflicto que garantice la edificación de una paz justa, estable y duradera.

Finalmente, es de diametral importancia reconocer la viabilidad y eficacia de una solución política negociada para poner fin a procesos de violencia política de gran duración, dolorosos y cruentos como ha sido en el caso colombiano, solamente a través del reconocimiento de la necesidad de la paz como valor supremo de una sociedad se puede encontrar el justo equilibrio entre la justicia y la paz para cerrar las heridas de una guerra fratricida que tiene que tener como consecuencia lógica la consecución de una paz integral sin impunidad no solo estable y duradera ,sino sobre todo justa y humana.


[1] Lilian Yaffe, Conflicto armado en  Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta (Estados  Unidos: Universidad de Miami, 2011), 191.

[2] Monica Duffy Toft, “Ending Civil Wars: A case for Rebel Victory?”, en International Security. Vol. 34 N 4.  ( Estados Unidos: Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology, 2010), 12.

[3] Centro Nacional de Memoria Histórica, “Informe de las Víctimas del Conflicto Armado 2013,” http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/capitulo4.html (consultada el 30 de mayo de 2014)

[4] Lilian Yaffe, Conflicto armado en  Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta (Estados  Unidos: Universidad de Miami, 2011), 193.

[5] Karen Ballentine y Heiko Nitzschke, Beyond Greed and Grievance: Policy Lessons from Studies in the Political Economy of Armed Conflict. (Estados Unidos: International Peace Academy, 2003).  

[6] Salomón Kalmanovitz y Enrique López, Tierra, conflicto y debilidad del Estado en Colombia (Colombia: Universidad Nacional de Colombia, 2005).

[7] Mariela Márquez, Enseñanzas de la historia del conflicto armado en Colombia: Fundamentos para la construcción de propuestas para su enseñanza en el ámbito universitario (Colombia: Universidad Nacional de Manizales, 2009).  

[8] Absalón Machado, “El Problema de la tierra en Colombia y desarrollo humano en el sector rural,” en La cuestión agraria en Colombia: tierra, desarrollo y paz. (Colombia: Planeta Paz, 2012).   

[9] Lilian Yaffe, Conflicto armado en  Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta (Estados  Unidos: Universidad de Miami, 2011), 193.

[10] Caros Mario Gómez, Economía y Violencia en Colombia (Colombia: Universidad Nacional de Colombia, 2001).  

[11] Fabio Sánchez, Las cuentas de la violencia: ensayos económicos sobre el conflicto y el crimen en Colombia (Colombia: Norma, 2007).  

[12] Oeindrilla Dube y Juan F. Vargas, Are all resources cursed?: coffee, oil and armed conflict in Colombia (Colombia: Universidad de los Andes, 2006).

[13] Lilian Yaffe, Conflicto armado en  Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta (Estados  Unidos: Universidad de Miami, 2011), 195.

[14] Rodrigo Uprimny, El laboratorio colombiano: narcotráfico y administración de justicia en  Colombia (Colombia: Uniandes, 2001).

[15] Jorge Restrepo y David Aponte, Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretación (Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, 2009).

[16] Jenifer Holmes, Sheila Amin Gutiérrez de Piñeres y Kevin Curtin, Drugs, violence and development in Colombia (Estados Unidos: Latin American Politics and Society, 2006).  

[17] Marc Chernick, Acuerdo posible: solución negociada al conflicto armado colombiano (Colombia: Ediciones Aurora, 2008).   

[18] Caroline Hartzell, Matthew Hoddie y Donald Rothchild, “Stabilizing the peace after civil war: an investigation of some key variables,” en International Organization (Estados Unidos: The OI Foundation and the Massachusetts Institute of Technology, 2001), 184.  

[19] Caroline Hartzell, Matthew Hoddie y Donald Rothchild, “Stabilizing the peace after civil war: an investigation of some key variables,” en International Organization (Estados Unidos: The OI Foundation and the Massachusetts Institute of Technology, 2001), 185.  

[20] Dan Smith, Tendencias y causas del conflicto armado (Noruega: Bergholf Research Center for Constructive Conflict Management, 2000), 6.     

[21] Dan Smith, Tendencias y causas del conflicto armado (Noruega: Bergholf Research Center for Constructive Conflict Management, 2000), 8.

[22] Caroline Hartzell y Matthew Hoddie, Institutionalizing Peace: Power Sharing and Post-Civil War Conflict Management (Estados Unidos: American Journal of Political Science Vol. 47 N. 2, 2003), 318.

[23] Caroline Hartzell y Matthew Hoddie, Institutionalizing Peace: Power Sharing and Post-Civil War Conflict Management (Estados Unidos: American Journal of Political Science Vol. 47 N. 2, 2003), 320.

[24] Macartan Humphreys y Jeremy Weinstein, Disentangling the Determinants of Successful Disarmament, Demobilization and Reintegration (Eestados Unidos: Post-Conflict Reintegration Initiative for Development and Empowerement PRIDE, 2005), 6.  

[25] Kjell Kjellman y Kristian Harpviken, “Civil Society and the State,” en Civil Society and Peacebuilding (Estados Unidos, Lynne Rienner Publishers, 2010), 29.  

[26] Héctor Galindo, Jorge Restrepo, y Fabio Sánchez, “Conflicto y Pobreza en Colombia un enfoque institucionalista,” en Guerra y Violencias en Colombia Herramientas e Interpretaciones (Colombia: Pontificia  Universidad Javeriana, 2009), 316.

[27] [27] Héctor Galindo, Jorge Restrepo, y Fabio Sánchez, “Conflicto y Pobreza en Colombia un enfoque institucionalista,” en Guerra y Violencias en Colombia Herramientas e Interpretaciones (Colombia: Pontificia  Universidad Javeriana, 2009), 319.

[28] Monica Duffy Toft, “Ending Civil Wars: A case for Rebel Victory?”, en International Security. Vol. 34 N 4.  ( Estados Unidos: Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology, 2010), 28.

[29] German Valencia, Alderid Gutierrez y Sandra Johansson, “Negociar la paz: una síntesis de los estudios sobre la resolución negociada de conflictos armados internos” en Estudios Políticos (Colombia: Universidad de Antioquia, 2012), 158.  

[30] Oscar Castaño, CONFLICTOS ARMADOS Y CONSTRUCCION DE PAZ. DE LA TEORIA A LAS POLITICAS INTERNACIONALES DE PAZ EN LA POSGUERRA FRIA (México: Universidad Autónoma Indígena de México, 2013), 95.

[31] Oscar Castaño, CONFLICTOS ARMADOS Y CONSTRUCCION DE PAZ. DE LA TEORIA A LAS POLITICAS INTERNACIONALES DE PAZ EN LA POSGUERRA FRIA (México: Universidad Autónoma Indígena de México, 2013), 79-80.

[32] Centro Nacional de Memoria Histórica, “Despojo y reforma agraria”, http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/informes-gmh/informes-por-temas/justicia-y-paz (consultado el 21 Abril 2014)

[33] Política de desarrollo Agrario Integral, Participación política, Fin del Conflicto, Solución al problema de Drogas ilícitas, Víctimas, Implementación, verificación y refrendación. Cabe resaltar que en lo que va del proceso se ha llegado a acuerdos parciales y totales en 3 de los 6 puntos (Política de desarrollo Agrario Integral, Participación política y Solución al problema de Drogas ilícitas).

[34] (1) Solución política al conflicto, (2) Derechos Humanos, (3) Política Agraria Integral, (4) Explotación y conservación de recursos naturales, (5) Estructura económica y social, (6) Reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y narcotráfico, (7) Reformas políticas para la ampliación de la democracia, (8) Reformas del Estado, (9) Acuerdos sobre Derecho Internacional  Humanitario, (10) Fuerzas Militares, (11) Relaciones Internacionales, (12) formalización de acuerdos

[35] Camilo Posso, EL CAGUAN IRREPETIBLE (Colombia: Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 2009).

[36] En este acuerdo las AUC se comprometieron a iniciar las negociaciones a través de un cese de hostilidades unilateral por parte de su grupo armado, la desmovilización, desarme y reintegración de sus combatientes, la garantía del Estado en parámetros de seguridad y asistencia social para la reincorporación de los miembros de la AUC a la vida civil y sobre todo el establecimiento de un proceso de justicia transicional para juzgar los crimines de este grupo armado ilegal

[37] Carlos Otalora, EL PROCESO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA: ¿PROCESO DE PAZ O SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA? (Colombia: Universidad Nacional de Colombia, 2010).

[38] Catalina Botero, Esteban Restrepo y María Saffon, ¿Justicia Transicional sin transición? Reflexiones sobre verdad, justicia y reparación en Colombia (Colombia: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2005), 6.


Autor: Andrés Gómez Polanco

(Quito, Ecuador). Egresado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Ecuador (UDLA). Realizó pasantías en la Oficina de Información Pública del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y en el Departamento de Investigación Política en FLACSO-Ecuador. Trabaja como consultor político con la Dra. Gretel Ledo sobre temas de análisis político de la realidad argentina y procesos de integración (MERCOSUR-UNASUR). Posee más de 90 artículos de opinión de temas de política nacional e internacional en los principales periódicos del Ecuador y en Diario el País de España. Igualmente, ha publicado ensayos académicos en la Revista de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, en la Revista digital de temas geopolíticos Acontecer Mundial (RAM) y en la Revista de la Cancillería del Ecuador, Line Sur. Es columnista del sitio web de análisis político Equilibrio Internacional (EI) y del periódico digital argentino Conexión 13. Ha obtenido varios premios en diversos Modelos de Naciones Unidas Interuniversitarios. Es Presidente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la UDLA.

Facebook: https://www.facebook.com/andressebastian.gomezpolanco?fref=ts

Contacto: asgomez@udlanet.ec


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